En los casos del teléfono y de internet se hace muy patente el hecho de que la falta de competencia en el suministro de estos bienes incide muy negativamente en el precio, en el sentido de que al ser grandes oligopolios los que controlan estos servicios, no tienen incentivos para reducir sus costes y menos sus precios.En el caso de telefono hace que por ejemplo el coste de conexión a internet sea de los más caros de Europa con diferencia. Una conexión decente en España cuesta 4 veces más que en Alemania.
Se aduce con frecuencia que la principal responsable es la compañía Telefónica, que al ser la propietaria de la red, por haberla montado ella, alquila sus servicios a un coste elevadisimo haciendo que las compañías de bajo coste apenas puedan ofrecer la misma calidad a precios más bajos. La única red por desgracia que le hace la competencia, actualmente, es la red de Ono que solo llega las capitales de provincia y sus cinturones.
En el caso de la electricidad es mucho más palpable que la competencia es prácticamente nula y que los beneficios de la liberalización prometida no han llegado, ni mucho menos, al consumidor.
Más aún, cuando apenas se ha avanzado en este tema, la falta de inversiones por parte de las electricas y su enrocamiento en las posturas del déficit tarifario hacen que la energía cueste más y más cada día independientemente de los vaivenes del petroleo y el gas.
Una solución práctica a estos problemas podría ser la nacionalización de las redes de suministro, quedando en manos de las empresas proveedoras, el mantenimiento de la red mediante una tarifa acorde a la cuota de mercado que tengan.
Dicho de otro modo, si las redes de telefonía en vez de pertenecer a Telefónica fueran propiedad del Estado, cualquier usuario podría acudir a cualquier proveedor de servicios para que le instalara el telefono y los servicios de internet, quedando dentro de la obligación de la compañía todos aquellos servicios de atención al cliente y mantenimiento de las lineas correspondientes. Simultáneamente el gobierno, en base a una tasa de uso, similar a la que cobra Telefónica a las otras proveedoras, establecería la proporción que cada compañía debería pagar y con lo recaudado, podría acometer las inversiones necesarias para el mantenimiento de las comunicaciones a nivel nacional.
Lo mismo que en el caso de la telefonía, con la energía electrica se podría hacer algo parecido. Aunque la producción de energía pudiera seguir en manos de compañías privadas, el suministro de la energía hacia los hogares y empresas podría quedar en manos públicas o al menos, al igual que con el telefono, se podría cobrar una tasa a las compañías por el mantenimiento y las inversiones.
Sería esta una forma, desde el sector público, de fomentar la competencia privada, garantizando a la vez que los servicios provistos no pierden calidad.
