Existe en España una barrera que impide a la gran mayoría de partidos políticos obtener representación. Esa barrera es determinante y expulsa a la mayoría de la competición democrática y crea conceptos tan deplorables como el voto útil.
Es ese 3 % de voto mínimo que hay que alcanzar en las generales (5% en el caso de las elecciones municipales y autonómicas). No es la ley de D'Hondt, puesto que esta no es más que un sistema de asignación de escaños o asientos. Es simple y llanamente una cúpula de cristal creada a propósito para impedir o dificultar en extremo llegar a cualquier asamblea o parlamento a nivel nacional, autonómico, provincial o local.
Esta cúpula o barrera, convierte el sistema democrático en puramente mercantilista. Una mera democracia económica. El que tiene más dinero, más medios, más repercusión es el que más posibilidades tiene de obtener representación. Además, el propio sistema político español favorece que aquellos que obtienen representación, obtengan financiación. En especial, aquellos partidos que detentan el poder.
En resumidas cuentas, quien tiene el dinero, tiene el poder, y viceversa.
No solo eso, las leyes electorales favorecen el reparto injusto o inequitativo de los espacios publicitarios electorales. Si eres Partido Popular o el Socialista, tienes garantizado unas cuotas de pantalla de televisión enormes, no solo porque los medios de comunicación, controlados habitualmente por intereses partidistas, dan más repercusión a las noticias salidas de estos partidos, sino porque estos tienen garantizado más espacios electorales que el resto de partidos políticos con representación. Aún más, los partidos políticos sin representación no suelen tener reservados espacios en los medios nacionales y autonómicos, y apenas gozan de algunos segundos en los locales.
Indudablemente se presenta otra desventaja de estos espacios. Son los propios partidos políticos son los que financian el coste de la publicidad tanto en los medios de masas como en la calle. En un principio parece algo lógico y natural pero pervierte el sistema de una manera brutal.
Es ampliamente conocido, ni supone una gran revelación, que detrás de los grandes partidos políticos siempre hay fuertes intereses económicos. De manera que muchos están interesados en financiar las campañas de estos a cambio de asegurarse determinados favores.
Esto es especialmente llamativo en el caso de los bancos. Las deudas contraídas de los partidos políticos con los bancos son posteriormente condonadas a cambio de futuros favores políticos. De esta manera los bancos se aseguran una serie de favores y los partidos una inagotable fuente de financiación con la que mantenerse en el poder.
Coloquialmente es la viva expresión del “yo te rasco la espalda si tú me rascas la mía”.
Finalmente, el sistema de asignación de escaños por circunscripción provincial provoca que en las elecciones generales se vean favorecidos aquellos partidos que son fuertes o a nivel nacional o a nivel regional. Provocando que los partidos con más representación sean desde 1982, PP y PSOE y los nacionalistas, en donde estos últimos, en ausencia de mayorías absolutas, juegan un papel clave en la formación de gobiernos generando una asimetría regional en el reparto de favores políticos y económicos.
El resultado de todo este sistema, es la enorme dificultad de cambiar las cosas desde dentro. Lo que deriva en una profunda y generalizada sensación de frustración entre el electorado por la percepción de la inutilidad del voto, lo que deriva en fenómenos como la abstención y el voto útil.
No es de extrañar que este estancamiento político, unido a una crisis económica generalizada provoquen movimientos como el de Democracia Real Ya, las acampadas del 15M o #spanishrevolution que no son más que un síntoma de que la democracia postfranquista se acaba, que el sistema político español necesita una profunda renovación y de que muy posiblemente pronto veamos una Segunda Transición.
La barrera de exclusión electoral es del 3%. Pero como bien dicen la circunscripción es la provincia. Hay 50 provincias y 2 ciudades autonomas para 350 diputaos, salen a menos de 7. Solo Madrid y Barcelona tienen 35 y 31 respectivamente, Con lo que mas de la mitad tiene 5 o menos. Ahi la barrera efectiva es del 15% o más.
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