En los casos del teléfono y de internet se hace muy patente el hecho de que la falta de competencia en el suministro de estos bienes incide muy negativamente en el precio, en el sentido de que al ser grandes oligopolios los que controlan estos servicios, no tienen incentivos para reducir sus costes y menos sus precios.
En el caso de telefono hace que por ejemplo el coste de conexión a internet sea de los más caros de Europa con diferencia. Una conexión decente en España cuesta 4 veces más que en Alemania.
Se aduce con frecuencia que la principal responsable es la compañía Telefónica, que al ser la propietaria de la red, por haberla montado ella, alquila sus servicios a un coste elevadisimo haciendo que las compañías de bajo coste apenas puedan ofrecer la misma calidad a precios más bajos. La única red por desgracia que le hace la competencia, actualmente, es la red de Ono que solo llega las capitales de provincia y sus cinturones.
En el caso de la electricidad es mucho más palpable que la competencia es prácticamente nula y que los beneficios de la liberalización prometida no han llegado, ni mucho menos, al consumidor.
Más aún, cuando apenas se ha avanzado en este tema, la falta de inversiones por parte de las electricas y su enrocamiento en las posturas del déficit tarifario hacen que la energía cueste más y más cada día independientemente de los vaivenes del petroleo y el gas.
Una solución práctica a estos problemas podría ser la nacionalización de las redes de suministro, quedando en manos de las empresas proveedoras, el mantenimiento de la red mediante una tarifa acorde a la cuota de mercado que tengan.
Dicho de otro modo, si las redes de telefonía en vez de pertenecer a Telefónica fueran propiedad del Estado, cualquier usuario podría acudir a cualquier proveedor de servicios para que le instalara el telefono y los servicios de internet, quedando dentro de la obligación de la compañía todos aquellos servicios de atención al cliente y mantenimiento de las lineas correspondientes. Simultáneamente el gobierno, en base a una tasa de uso, similar a la que cobra Telefónica a las otras proveedoras, establecería la proporción que cada compañía debería pagar y con lo recaudado, podría acometer las inversiones necesarias para el mantenimiento de las comunicaciones a nivel nacional.
Lo mismo que en el caso de la telefonía, con la energía electrica se podría hacer algo parecido. Aunque la producción de energía pudiera seguir en manos de compañías privadas, el suministro de la energía hacia los hogares y empresas podría quedar en manos públicas o al menos, al igual que con el telefono, se podría cobrar una tasa a las compañías por el mantenimiento y las inversiones.
Sería esta una forma, desde el sector público, de fomentar la competencia privada, garantizando a la vez que los servicios provistos no pierden calidad.
En el caso de telefono hace que por ejemplo el coste de conexión a internet sea de los más caros de Europa con diferencia. Una conexión decente en España cuesta 4 veces más que en Alemania.
Se aduce con frecuencia que la principal responsable es la compañía Telefónica, que al ser la propietaria de la red, por haberla montado ella, alquila sus servicios a un coste elevadisimo haciendo que las compañías de bajo coste apenas puedan ofrecer la misma calidad a precios más bajos. La única red por desgracia que le hace la competencia, actualmente, es la red de Ono que solo llega las capitales de provincia y sus cinturones.
En el caso de la electricidad es mucho más palpable que la competencia es prácticamente nula y que los beneficios de la liberalización prometida no han llegado, ni mucho menos, al consumidor.
Más aún, cuando apenas se ha avanzado en este tema, la falta de inversiones por parte de las electricas y su enrocamiento en las posturas del déficit tarifario hacen que la energía cueste más y más cada día independientemente de los vaivenes del petroleo y el gas.
Una solución práctica a estos problemas podría ser la nacionalización de las redes de suministro, quedando en manos de las empresas proveedoras, el mantenimiento de la red mediante una tarifa acorde a la cuota de mercado que tengan.
Dicho de otro modo, si las redes de telefonía en vez de pertenecer a Telefónica fueran propiedad del Estado, cualquier usuario podría acudir a cualquier proveedor de servicios para que le instalara el telefono y los servicios de internet, quedando dentro de la obligación de la compañía todos aquellos servicios de atención al cliente y mantenimiento de las lineas correspondientes. Simultáneamente el gobierno, en base a una tasa de uso, similar a la que cobra Telefónica a las otras proveedoras, establecería la proporción que cada compañía debería pagar y con lo recaudado, podría acometer las inversiones necesarias para el mantenimiento de las comunicaciones a nivel nacional.
Lo mismo que en el caso de la telefonía, con la energía electrica se podría hacer algo parecido. Aunque la producción de energía pudiera seguir en manos de compañías privadas, el suministro de la energía hacia los hogares y empresas podría quedar en manos públicas o al menos, al igual que con el telefono, se podría cobrar una tasa a las compañías por el mantenimiento y las inversiones.
Sería esta una forma, desde el sector público, de fomentar la competencia privada, garantizando a la vez que los servicios provistos no pierden calidad.
Buen planteamiento. Comparto tu postura.
ResponderEliminarEs curioso como en España se han inventado una cuota, la de "establecimiento de llamada", que en el resto de Europa no se paga. Esto es un auténtico fraude y nadie hace nada!!
Desde Bruselas ya desde hace tiempo se intenta apoyar el acceso a las nuevas tecnologías y, principalmente, internet, para el avance y desarrollo de los países miembors y de ahí la creación en España del Plan Avanza. En fin, ¿nó sería más coherente apoyar unas tarifas "realistas" que hacer planes puntuales que ayuden a la mera adquisición?
Las cosas muchas veces suenan bonitas, pero no por sonar así quiere decir que sea lo mejor.
La idea no es mala. Lo que yo añadiría en todo esto es el compromiso por escrito de las instituciones implicadas de no utilizar éstas instalaciones como arma política para hacer daño a éste o a aquél partido.
ResponderEliminarParezco un poco paranoico con todo este tema, pero las polémicas sobre Caja de Madrid y Caja Castilla la Mancha ya me han puesto un poquito suspicaz sobre quién es el verdadero dueño de las instalaciones que en teoría deberían ser de todos.
Pues lo que propones es el mismo modelo que existe en AENA, y que se está forjando para ADIF. Iberia y Renfe quedan como operarios privados de una red pública. Tanto aena como adif cobran tarifas para el mantenimiento de las instalaciones, y al menos en el caso de los aviones, hemos visto una competencia más real y una disminución de precios.
ResponderEliminarLa red de suministro eléctrico y la de comunicaciones puede seguir el mismo modelo perfectamente, lo que mejoraría la competencia. Y pongo un caso para demostrarlo. Hace un año intentamos cambiar de compañía de ADSL, dejar Timofónica para irnos con Jazztel. Al principio fue bien, hasta que un buen día nos quedamos sin línea. Llamamos al servicio de averías y se arregló: un operario de Timofónica nos había desconectado por "error". A la semana volvimos a perder la línea, por el mismo "error".
Al parecer nuestro "error" fue irnos a una compañía que depende del cableado de Timofónica (y eso que Jazztel ya tiene algunas líneas). El operario de TF tiene acceso al cuadro y nos desconecta por la cara, porque no somos clientes suyos. Y así, con esta forma de terrorismo y extorsión, las empresas se tienen que joder y seguir pagando al mandamás.
Los organismos que tratan de velar por la competencia son una burla, si hacen algo, llegan tarde. No hay que estar vigilando noche y día al ladrón, hay que poner las cosas difíciles de robar.