En pleno auge de la burbuja, amplios sectores de la clase media empezaban a tener problemas para adquirir o incluso acceder a una vivienda, ya que, aunque existían viviendas de sobra, se había provocado una escasez artificial. La especulación generaba muchos más beneficios que el alquiler, así que era costumbre cerrar la casa a cal y canto y esperar un par de años en lugar de alquilarla, porque así ganaban más dinero. Por añadidura, alquilar se veía como un riesgo y un esfuerzo innecesario, que además impedía la inmediata disposición de la vivienda para la venta porque podría ocurrir que los inquilinos no quisieran irse antes de la finalización del contrato (en el caso de que existiera), algo en definitiva molesto.
La situación no podía ser más incómoda y los políticos, que se ganaban un dinerillo extra mediante la especulación o los sobornos, se enfrentaban a un dilema: si no hacían nada, los ciudadanos podrían decidir que no les votarían más, pero si hacían algo perderían los suculentos beneficios que obtenían de sus "tejemanejes" con la construcción.
En esta tesitura surgió la solución: Las Ayudas al Alquiler. Los requisitos para los inquilinos eran bastante restrictivos en cuanto a sueldo y condición social, pero muchísima gente entraba en el perfil. El único requisito que se le exigía al propietario era que la vivienda no estuviera protegida y que debía legalizar el contrato de alquiler, limitando el precio y comprometiéndose por cinco años. Además, las agencias encargadas de tramitar las ayudas serían empresas con experiencia en el sector: Agencias Inmobiliarias (música de terror).
Los ciudadanos ya estaban contentos porque había ayudas. No se podrían comprar casas, pero ya no habría necesidad, así que acabarían por bajar los precios. ¿O no? Las condiciones impuestas a los propietarios no les daban ventajas comparado con el alquiler en negro. El dinero que obtenían (6000€) debían destinarlo a reformar la vivienda. En la declaración de renta pagaban mucho más que antes porque debían declarar más ingresos. Y por si esto fuera poco, les hacían contratar un seguro que cubría poco más que la ausencia del inquilino (los impagos no estaban cubiertos). Pero lo más terrible de todo era que el precio del alquiler era un 70% menor que el precio en renta libre.
Para los inquilinos las condiciones eran mejores, e incluso buenas durante un par de años, pero no había forma de encontrar dichas viviendas. Cuando el futuro inquilino llegaba a una Agencia de Fomento del Alquiler (alias Inmobiliaria Chupasangre), preguntando por pisos acogidos a estas ayudas, la respuesta era invariablemente que no estaría listo hasta la semana próxima, o que se había retrasado, o bien que lo habían alquilado ya. Pero que si querías te podían enseñar un pisito muy mono, casi por el mismo precio (eso sí, tres veces más pequeño), de renta libre. Y mientras, a los propietarios les decían que iba gente a preguntar, pero que luego no les interesaba la zona, o no cumplían los requisitos, o qué sé yo.
Gracias a estas maniobras se consiguió en primer lugar que las condiciones no fueran atractivas para los propietarios y en segundo lugar que al darles la gestión de las ayudas a las inmobiliarias éstas nunca llegaran a los interesados. Porque las inmobiliarias ganan mucho más cuando alquilan una vivienda en renta libre.
Así los políticos, anunciando a Bombo y Platillo esta iniciativa salvadora por un lado consiguieron hacer ver que se preocupaban y estaban dispuestos a resolver el problema de la vivienda, con lo que mejoraron su imagen de cara al público, y por otro lado consiguieron mantener la situación original pero en la realidad no resolvieron nada, que era lo que realmente querían.
Realizado por A.J.Palma
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