Privatizar las cajas de ahorro

Después de convertirse en la noticia de apertura de ayer lunes, probablemente estén enterados de que la Caja Castilla la Mancha está en una situación delicada. Digo delicada pues ahora mismo no está muy claro si, como dice el gobierno su situación patrimonial es positiva, es decir, es solvente y por tanto solo tiene un problema de liquidez, convertir en dinero los activos que tiene, o como dicen algunos periódicos, la situación patrimonial es nefasta y el agujero es mayor del que se creía.

Dentro de la última hipótesis se baraja la posibilidad de que la valoración de activos inmobiliarios se haya sobreestimado. Dicho de otro modo, las viviendas y edificios que posee la entidad están valorados a un precio mayor del que ahora mismo se podría conseguir por estos en el mercado.

A raiz de esto me surgen francamente múltiples dudas. En primer lugar, lo que más me ha llamado la atención es como todos los medios de comunicación se han lanzado en bloque a lanzar mensajes de tranquilidad y en ninguna, de las que he visto al menos, se ha puesto en duda la capacidad del Banco de España de responder por los activos de todos los clientes. Si no fuera muy amigo de las teorías conspiranoides, se podría decir que desde el ámbito público se ha pedido a los medios de comunicación que eviten utilizar el sensacionalismo con este tipo de asuntos.

Porque a diferencia de los raptos y asesinatos de niñas, donde el morbo llega hasta lo insano, los asuntos que comprometen la seguridad financiera del país parecen ser tratados siempre con mucha seriedad. ¿Qué pasaría si la entidad finalmente quebrase? Personalmente y sin pretender causar una histeria colectiva, no creo que el fondo de garantía de depósitos (FGD) alcance para entregar 100.000 euros a cada cliente (para quien los tenga, por supuesto). Y aún en el caso hipotético de que los tuviera, dudo sinceramente que fuera capaz de soportar dos o tres quiebras más.

El FGD, como se nos explicó en una clase de sistema financiero, está creado más por una cuestión de generar confianza, pues la cantidad con la que se dota anualmente, una parte insignificante de las ganancias acumuladas de los bancos, no podía cubrir (por entonces eran 20.000 euros) ni la décima parte de una hipotética quiebra de uno de los dos grandes bancos, el BBVA o el BSCH. Por tanto, y por mucho que se haya dotado últimamente, es una cantidad ridícula.

Otra cuestión que me llama poderosamente la atención del asunto de la caja de Castilla, es el hecho de que sea una caja. Es decir, se les considera entidades sociales, cuya función fundamentalmente es la de dedicar sus beneficios a obras de tipo social y cultural. Este tipo de entidades, no lo olvidemos, están controladas por organos de gobierno, que curiosamente, tienen mucha presencia política. Por tanto detrás de la caída de esta entidad pueden deslizarse responsabilidades políticas pues no lo olvidemos, la mala gestión de esta entidad es la que ha llevado a la situación que atraviesa ahora.

¿Se debe entonces intervenir? Si las Cajas de Ahorros fueran entidades sin ningún ánimo de lucro, es decir, dedicaran el 100 % de sus beneficios a obra social, entonces personalmente estaría a favor. Pero teniendo en cuenta que en el mejor de los casos las Cajas han dedicado solo el 20 %, pues me van a disculpar pero esta vez me pongo al lado del mercado.

Prefiero sinceramente que no haya entidades financieras de este tipo (aunque dediquen una parte vergonzosa de sus beneficios a caridad) a que estas cajas se conviertan en instrumentos políticos, armas arrojadizas de unos contra otros, susceptibles de financiar actividades políticas y acabar controladas por barones regionales.

La caridad no debe venir de entidades con intereses pseudopúblicos-semiprivados controlados por políticos. La caridad debiera de ser la actividad fundamental del Sector Público pues una de sus misiones es la de garantizar una cierta equidad social que evite revueltas y estallidos.